Mosquera: "en 2020 los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes tendrán que compostar o recoger los biorresiduos de manera separada por ley bajo amenaza de sanción"
El vicepresidente de la Diputación explicó hoy en una reunión con ayuntamientos y personal técnico los inminentes cambios en la legislación de residuos
"En 2020 los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes tendrán que compostar o recoger los biorresiduos de manera separada por ley y bajo amenaza de sanción". Así lo explicó hoy el vicepresidente Mosquera en una reunión mantenida con más de 100 representantes de los ayuntamientos adheridos al Plan Revitaliza y personal técnico provincial para explicar los cambios inminentes en la legislación estatal de residuos.
El vicepresidente destacó que el pasado 18 de mayo el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el último borrador del anteproyecto de ley por el que se modificará la normativa actual de residuos. Este nuevo texto normativo incorpora una novedad que cambiará radicalmente la gestión de la basura, ya que el colector verde de fracción resto mezclada, tal y como se conoce ahora, será eliminado: los biorresiduos (restos de comida y vegetales) tendrán que ser compostados o recogidos de manera separada.
Mosquera explicó que la modificación de la ley fomenta los principios de autosuficiencia y cercanía para tratar los residuos lo más cerca posible del origen poniendo como prioritarias el compostaje individual y comunitario y, donde no se pueda, haciendo una recogida para tratamiento posterior en planta. "Por alguna de esas tres vías, compostaje individual, comunitaria o recogida en colector marrón y traslado a planta habrá que cubrir el 100 % de los biorrresiduos de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes antes de 2020. Eso va a ser así, sí o sí, por normativa", advirtió.
Los plazos marcados –mucho más exigentes que los inicialmente previstos– establecen que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes estarán obligados a seguir estas directrices con plazo máximo de 31 de diciembre de 2020, y los de menos habitantes en 2023. El vicepresidente apuntó, en este sentido, que aunque el borrador no está cerrado, los objetivos temporales no van a variar mucho, ya que la Unión Europea puso como fecha límite el 2023 en su directiva. "Como aquí hay experiencia de que no se cumple un plazo quieren adelantar los requerimientos. Podrá variar un año arriba o abajo, pero este deber no tiene salida", sentenció.
Mosquera destacó que la normativa pasa directamente a obligar a los ayuntamientos a seguir la línea de gestionar los biorresiduos, una cuestión que hasta ahora "estaba más diluida" y era casi un "voluntarismo", por lo que instó a los ayuntamientos a adoptar las medidas para cumplir objetivos "con la ayuda de la Diputación, de la Xunta o quien corresponda, para cumplir con estos plazos que son terriblemente apretados".
En este sentido, el nacionalista recordó que la propuesta del Revitaliza, que en 2015 parecía "muy audaz y muy novedosa no era tal", ya que toda la normativa caminaba ya en ese sentido: "todo estaba ya en las directivas europeas, en las normas estatales, en el plano de residuos de Galicia del 2011, estaba todo escrito y parece que había que hablar de otras cosas y mirar para otro lado. Después vino el paquete de economía circular que también está traspuesto en la legislación española", destacó, para insistir en que "el colector verde de resto y mezclado tiene que desaparecer sí o sí, que fue lo que nosotros propusimos desde el principio".
Sobre las sanciones que pudieran llegar por el incumplimiento de las normativas europeas el vicepresidente destacó que el Estado ya desvió las sanciones a las comunidades autónomas y algunas de estas, como Cataluña, ya las desviaron a los ayuntamientos. "En el caso de Galicia hay indefinición, pero ahora, con el borrador de la modificación de la ley, que aún no es definitivo pero se va a aprobar rápido, habría que entender que las sanciones van para los ayuntamientos en casi todos los lados", finalizó.
"Si apuramos, podremos cumplir"
Con este nuevo marco normativo, Mosquera destacó que serán pocos los ayuntamientos del Estado que podrán cumplir objetivos, y recordó que con el Plan Revitaliza de la Diputación se están dando facilidades a los municipios de la provincia. "A los ayuntamientos que están adheridos (36) y que llevan avanzado en el Plan Revitaliza probablemente les dé tiempo. A los demás va a ser dificilísimo, casi imposible –aseguró–, pero por sus características y lo que han avanzado, la mitad de ellos sería bastante posible, pero serían los únicos del Estado que podrían cumplir. A lo mejor en Cataluña o en el País Vasco hay otros. Va a depender mucho de los ritmos que le pongan, mas si apuramos y nos aplicamos, de los que están adheridos podemos tener una buena parte que llegarían a tiempo, e incluso en este año cuatro o cinco", dijo.
En la reunión técnica que tuvo lugar hoy también se habló de las convocatorias que están en marcha en la Diputación para ayudar a contratar personal especializado, de la presentación de una guía de compostaje individual "más completa y actualizada que las que ya están editadas", y de la convocatoria que se aprobará la próxima semana para crear una bolsa de empleo de maestras y maestros compostadores.
Toneladas de biorresiduos tratadas
Finalmente, Mosquera también aportó datos sobre los ritmos del Plan Revitaliza: a día de hoy se tratan 2.400 toneladas de biorresiduos por año, lo que equivale a los residuos orgánicos de una villa de 13.000 o 14.000 habitantes. "Si estos residuos estuvieran todos juntos, no diseminados por diferentes ayuntamientos, podrían ahorrarse unos 450.000 euros al año en recogida y transporte", aseguró. De cara a final de año las cifras se multiplican y, teniendo en cuenta las nuevas instalaciones de compostadores comunitarios e individuales, la previsión es que se tratarán entre 11.000 y 12.000 toneladas, lo que supondría "una ciudad de unos 65.000 habitantes (el 10 % de la provincia) que podría ahorrar hasta dos millones de euros en recogida y transporte".
Por su parte, el asesor en materia de residuos, Carlos Pérez, aprovechó para recordar una vez más los datos contrastados de toneladas de biorresiduos que se dejan de enviar a Sogama. Reconoció que la basura que se envía a Sogama en toda Galicia está aumentando en un promedio del 2,8 % debido a la fase de recuperación económica que se está produciendo, algo que también sucede en la provincia. Sin embargo Pérez quiso analizar al detalle los datos de los ayuntamientos donde se está aplicando el Plan Revitaliza.
En este sentido explicó que en el ayuntamiento de Pontevedra se ve que la evolución de los envíos a Sogama –a pesar de que el número de compostadores es sólo incipiente (solo 18 comunitarios)– está equilibrando y conteniendo la tendencia general de subida. "Ya se nota sensiblemente, por lo que sabemos que vamos en el buen camino", destacó, para aportar también los datos del ayuntamiento de Vilaboa donde la proporción de compostadores instalados es mayor.
En Vilaboa, según los datos contrastados de Sogama y Urbaser, en el primer semestre de 2015 –cuando aun no estaba en marcha el Revitaliza– aumentó un 2,2 % la basura enviada a Sogama. En el segundo semestre, ya con el Revitaliza en activo, la bajada fue del 3,5 %. En el primer semestre de 2016, la bajada fue del 6,0 % y en el segundo del 4,1 %. "Toda vez que en Vilaboa la tendencia es a subir del 2,2 %, poniendo la cifra más conservadora, y sabiendo que en el último año bajamos un 6 % y un 4 %, podemos decir que la bajada real y efectiva de los envíos a Sogama ya está entre el seis y el ocho por ciento sin temor a equivocarnos", finalizó.
En la reunión técnica de hoy estuvieron presentes representantes políticos de los ayuntamientos de O Grove, Tomiño, Cambados, Valga, Pontevedra, O Rosal, O Porriño, Mondariz, Mondariz Balneario, Campo Lameiro, Vilagarcía de Arousa, Vilaboa, A Illa de Arousa, Ponteareas, Tui, Ribadumia, As Neves, Moaña, Silleda, Rodeiro, Caldas de Reis, Barro, Catoira, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Soutomaior, Bueu y Salceda de Caselas.
