El Gobierno de Carmela Silva aprueba una nueva concesión de préstamos sin intereses para seis ayuntamientos de la provincia
Arbo, Catoira, Fornelos de Montes, A Lama, Poio y Ponteareas reciben una inversión por parte de la Diputación de Pontevedra cercana a 1,2 millones de euros
La Junta de Gobierno de la Diputación de Pontevedra acaba de aprobar la concesión de seis préstamos sin intereses, por valor de más de 1.100.000 euros, con el objetivo de facilitar una fuente de financiación al menor coste posible sin ningún tipo de intereses, comisiones o gastos de otro tipo. De este modo, la institución provincial permite que los ayuntamientos beneficiarios, los de menos de 50.000 habitantes, puedan afrontar la ejecución de distintas inversiones de operaciones de tesorería.
De este modo, la aportación aprobada para Arbo es de 30.047,76 €, con los que el Ayuntamiento financiará la compra de un terreno edificable en A Chan para la construcción de la residencia de la tercera edad. El Ayuntamiento de Catoira recibe un total de 400.000 € para la financiación de una operación de tesorería y Fornelos de Montes otros 49.500 € con el objetivo de financiar el equipamiento y adaptación de oficinas e impulsar la accesibilidad. Además, A Lama recibe 124.527,15 € para la compra de un camión de recogida RSU, Poio una aportación de 136.321,55 € para la financiación de la mejora de los servicios y la urbanización de la calle Benigno Esperón y, por último, Ponteareas otros 400.000 € para financiar la creación de una red de distribución térmica y comprar la deshumectadora de la piscina municipal. Las aportaciones suman un total de 1.140.396,46 €.
Desde el año pasado, por primera vez, los préstamos no tienen ningún tipo de intereses, al contrario de lo que acontecía con el anterior Gobierno, cuando los intereses se situaban en el
2%. El nuevo Gobierno provincial decidió suprimir esos intereses con el fin de contribuir a mejorar la situación que están a vivir los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra y, además, este año se adelantaron las aportaciones a comienzos de año (las bases se aprobaron el 27 de enero) al considerar que se trata de un instrumento más de planificación de políticas públicas.
