Carmela Silva insta a la Xunta de Galicia "a que cumpla con sus deberes y proceda a la rehabilitación y conservación del pazo de Lourizán"
La presidenta de la Diputación remite una carta al Gobierno gallego para que inicie la reforma que tiene una estimación económica de 14 millones de euros
La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, remitió hoy una carta a la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia para que, "como obliga el convenio de cesión de la finca y las edificaciones de Lourizán, firmado en 1990 entre ambas instituciones, y como ratifica el segundo convenio firmado en el año 2000", el Gobierno gallego inicie las actuaciones necesarias para afrontar los trabajos para la conservación del pazo, inmueble catalogado e integrado en el Patrimonio Cultural de Galicia.
La presidenta provincial recuerda que el convenio de cesión de Lourizán a la Xunta de Galicia por un plazo de 30 años, hasta el 22 de enero de 2021, "deja meridianamente claro" que uno de los deberes del ejecutivo gallego es efectuar las obras de conservación para el mantenimiento de la zona noble del conjunto, respetando su carácter artístico". Además, en el convenio, ratificado en el año 2000, se cita expresamente como deber de la Xunta "efectuar obras de conservación necesarias en la zona noble, respetando el actual conjunto".
Silva aporta en su escrito a la Vicepresidencia la Memoria Técnica sobre las intervenciones necesarias para la conservación del pazo, realizada por el Servicio de Arquitectura de la Diputación provincial, en la que la estimación económica es de más de 14 millones de euros. En el informe, se pone de manifiesto "el deficiente estado de conservación del pazo que exige su restauración" y relata la necesidad de actuaciones porque "la seguridad estructural no está garantizada en diversas zonas del edificio; actualmente está apuntalada la galería; presenta fracturas en varios de los linteles; hay zonas con repisado en varias salas y corredores; humedades muy patentes; zonas que invadió la vegetación; y áreas colonizadas por algas, mohos y liques". El informe técnico también señala que "parte de la cubierta de la cara sur del inmueble comenzó a hundirse; existen riesgos importantes en lo relativo a la seguridad eléctrica con peligro de corto circuitos; las carpinterías, tanto interiores como exteriores, se encuentran en mal estado; y dado que no se dispone de ningún tipo de vigilancia, existe inseguridad frente a actos vandálicos, ocupaciones o robos".
El personal técnico de la Diputación de Pontevedra propone actuaciones, desde una visión global del edificio, para conocer la fiabilidad de la estructura, un análisis pormenorizado de las zonas apuntaladas, el relevo y reparación de los cuadros eléctricos, y el estudio de cada uno de los aspectos que presentan un grado de deterioro. Además pide el respeto máximo a la concepción y a los materiales originales del inmueble con el mantenimiento de los elementos merecedores de protección, el relevo de los elementos gravemente deteriorados y la renovación de lo que carecen de valor patrimonial y la incorporación del principio de la rehabilitación sostenible, compatibilizando la conservación de los valores patrimoniales del edificio con la mejora de las envolventes térmicas y las prestaciones energéticas. El informe hace una estimación económica de las actuaciones de más de 14 millones de euros (14.255.010 euros).
