Príncipe Felipe dejará de acoger menores violentos y conflictivos a partir de 1 de enero

La diputada delegada del centro, Eva Vilaverde, anunció hoy el acuerdo con la Xunta de Galicia, que renuncia a hacer uso de las 11 plazas del servicio de la Unidad de Primera Acogida (UPA)

La Ciudad Infantil Príncipe Felipe, centro dependiente de la Diputación de Pontevedra, dejará de acoger desde el próximo 1 de enero menores violentos y conflictivos. Así lo anunció hoy la diputada delegada del centro, Eva Vilaverde, quien señaló que la Xunta de Galicia renuncia a hacer uso del Servicio de la Unidad de Primera Acogida (UPA) de Príncipe Felipe y acata que los informes técnicos del personal provincial sean determinantes a la hora de decidir la entrada o salida de menores del centro.

Ambas cuestiones serán recogidas en el nuevo convenio acordado entre la Diputación y la Xunta que se firmará en este mes de diciembre y tendrá vigencia desde el uno de enero, y mantendrá prácticamente la misma aportación presupuestaria (782.000 euros) por parte de la administración gallega. "Hace cinco meses dijimos que la situación de violencia sistemática en Príncipe la íbamos a solucionar de una manera o de otra, y pienso que con este acuerdo cumplimos el compromiso", manifestó Eva Vilaverde, que destacó que se eliminaron las cláusulas abusivas del anterior convenio, lo que supone "una mejora extraordinaria".

"A partir de ahora ya podemos decir que tenemos las manos libres para seguir trabajando con garantías en la mejora de la prestación de un servicio de calidad. Estamos muy satisfechos del resultado de la última reunión con la Xunta, entendieron nuestras razones, entendieron la situación de violencia que teníamos enquistada, y entendieron nuestras peticiones, lo cual es de agradecer desde el punto de vista institucional, y desde la idea de mantener la cordialidad que es deseable entre dos administraciones", sentenció.

Vilaverde recordó que hace cinco meses la Diputación estaba inmersa en una crisis en las relaciones con la Xunta provocada por una situación de violencia de las y de los menores derivados por el departamento autonómico y de indefensión por parte de la Diputación. Esta situación desembocó, según explicó la diputada en un trabajador con una mandíbula rota a causa de una agresión de un niño, una mujer embarazada también agredida, personal educativo protestando por la situación de inseguridad, informes del personal de vigilancia donde se hablaba de amenazas e intentos de agresiones con peticiones de traslado, niños y niñas asustadas y familias preocupadas, entre otros aspectos.

Ante esta situación la Diputación comenzó a negociar con la Xunta varias propuestas con dos líneas rojas: que la Diputación no iba a permitir la permanencia en el centro de menores violentos y conflictivos que impidieran el funcionamiento de Príncipe Felipe y afectaran a la seguridad y bienestar del resto de niños y niñas residentes, y que, en consecuencia con el anterior y también por respeto a su profesionalidad, que los informes de los equipos técnicos provinciales debían ser determinantes a la hora de decidir la entrada o salida de menores en el centro.

Una vez firmado el nuevo acuerdo, a partir de 1 de enero, la Xunta renuncia a hacer uso de la Unidad de Primera Acogida desde Príncipe Felipe, y por lo tanto cierra esa unidad –con once plazas– que era de uso exclusivo de la Consellería de Familia. A esta UPA llegaban menores con comportamientos violentos, conductas aditivas y otro tipo de problemáticas derivados por los juzgados, Policía, Guardia Civil sin ningún tipo de evaluación por parte de especialistas. La permanencia máxima en el centro debía ser de un mes, mas en muchas ocasiones se prorrogaba la estadía, lo que en muchos casos provocaba situaciones negativas de violencia e impedía el correcto trabajo del personal con el resto de los menores internados (el promedio del centro son unos 210 menores).

Por otro lado, se creará una comisión de evaluación paritaria con equipos técnicos de la Xunta y de la Diputación y, en situación de disconformidad, serán las y los trabajadores de Príncipe Felipe quienes decidan en última instancia el ingreso o no de menores. De este modo, se mantienen las otras 89 plazas de acogimiento a disposición de la Xunta, que pagará por ocupación real y por reserva.

"Irresponsabilidad de gran calado"

La diputada Eva Vilaverde, además de mostrarse plenamente satisfecha por el acuerdo con la Xunta, también quiso dejar claro que la situación de violencia en Príncipe Felipe era creada por dos o tres menores de la UPA. "Que un centro así estuviera en Príncipe Felipe en medio de 250 menores que no tienen ningún problema de conducta era una irresponsabilidad de calado. Y fue una decisión adoptada en su día por un gobierno del PP en la Diputación que a nosotros nos llegó heredada", destacó la nacionalista, para congratularse haber conseguido una solución que permitirá mejorar la atención y dar tranquilidad a las personas trabajadoras y menores en el centro.

En cuanto al uso de las instalaciones de la UPA, Vilaverde quiso destacar que se reorganizarán las unidades de acogimiento para ver los mejores usos.