Mosquera: Mosquera: "No vamos a permitir que Príncipe Felipe sea una escuela de delincuencia"

El vicepresidente, la diputada delegada Eva Vilaverde y el director del centro aseguraron que la "situación de violencia insostenible" producida por menores derivados por la Xunta no permite trabajar con el resto de los chicos y chicas

"No vamos a permitir que Príncipe Felipe sea una escuela de delincuencia". Así de claro lo manifestó hoy el vicepresidente provincial César Mosquera al referirse a la situación "de violencia insostenible" que las y los menores y personal del centro asistencial dependiente de la Diputación están a vivir a causa de la presencia de chicos con problemas de conducta y adiciones derivados por la Xunta de Galicia. El nacionalista fue tajante al indicar que el ejecutivo autonómico tiene sobre la mesa diferentes posibilidades y destacó que, si no se llega a una, se romperá el convenio firmado con la Consellería de Política Social "por responsabilidad" tanto con los menores como con las y los trabajadores.

El vicepresidente recordó que Príncipe Felipe es un centro asistencial abierto de acogida de menores (en régimen nocturno y diurno) que ocupa 118.000 metros cuadrados, tiene 229 personas trabajadoras y da servicio actualmente a 210 chicas y chicos de los que sólo una tercera parte (69 a día de hoy) son derivados por la Xunta de Galicia. "La mayor parte son tramitados por los ayuntamientos o por la propia Diputación, por lo que el grueso no depende de la Xunta. Así pues, no hay discusión sobre el futuro o viabilidad del centro", puntualizó.

La tipología de las niñas y niños que están en Príncipe Felipe son menores con dificultades familiares o riesgo de exclusión, sin ninguna problemática específica, que precisan estar allí para tener un día a día en las mejores condiciones. Según manifestó Mosquera, el problema es que la Xunta ocupa las plazas que dispone por el convenio con chicos de problemáticas concretas, peligrosos y conflictivos, así como ‘protodelincuentes' detenidos por la Policía que agreden, amenazan y amedrentan al personal y distorsionan el trabajo que las y los educadores realizan con el resto de los menores.

"El más grave es que unos pocos aterrorizan a 200 con peleas, amenazando con navajas… La situación es radicalmente insostenible", destacó Mosquera, quien relató que hasta ahora varios menores protagonizaron incidentes muy graves: rompieron la cara a un trabajador, le pegaron a una embarazada en la barriga –y casi pierde el hijo–, y provocaron el cambio de centro de trabajo a integrantes de la plantilla. "El bulling en los colegios al lado de esto es un chiste. En A Lama hay menos incidentes que aquí, porque aquí no hay recursos para corregir esas conductas… ni puede haberlos porque no es la vocación del centro. Hay que dar soluciones ya", dijo.

En referencia a las y a los trabajadores, Mosquera señaló que resulta "heroico" trabajar en sus circunstancias y manifestó que "hay que sacarles el sombrero porque aguantan una situación disparatada" que se suma a las "faltas de respeto de la Xunta, que de forma continua desoye sus informes negativos sobre la acogida de determinados menores, además de ofrecer cursos de formación por una presunta falta de preparación".

El nacionalista explicó que la Diputación advirtió reiteradamente de los problemas a través de actas, informes y comunicaciones verbales a la Xunta e insistió en que mantiene las puertas abiertas para buscar una solución. Apuntó que las propuestas que están sobre la mesa pasan por que los informes de las y de los trabajadores de Príncipe Felipe sean vinculantes, y cuando establezcan que no se debe aceptar un menor, este no puede ser remitido desde la Xunta; o bien que la Xunta cree una unidad específica propia para el tratamiento de estas conductas en el recinto.

"Desde luego lo que queremos es potenciar Príncipe Felipe, que cumpla sus funciones y sea un recurso de protección de menores en el que se usen bien el dinero de la ciudadanía. No queremos que esté ahí para deteriorar la asistencia, y la situación actual no es tolerable. Que nadie vea fantasmas", puntualizó, para añadir, en referencia al personal, que de haber algún tipo de modificación en los servicios que presta la Diputación, los recursos provinciales pasarían a reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos.

Cláusula de resolución en el convenio

Por su parte, la diputada delegada del centro, Eva Vilaverde, quiso insistir en que "por responsabilidad no se puede perpetuar la situación actual, porque es dañina tanto para menores ingresados como para el colectivo del personal laboral". En este sentido, recordó que desde la llegada del nuevo Gobierno a la Diputación se mantuvieron contactos con la Consellería para demandar una salida negociada.

Vilaverde indicó que siempre hubo buena voluntad por la parte de la Diputación para llegar a un acuerdo, por lo que en los dos últimos años se demandaron múltiples reuniones de seguimiento del convenio y comisiones de coordinación. Además, el pasado año se renovó el acuerdo entre ambas instituciones con una cláusula en la que se establecía que si en los primeros meses del año no mejoraban los problemas se modificaría o se resolvería el convenio. "No quieren cambios en el convenio, por lo que no es un instrumento válido y debemos trabajar en otra dirección. Todas las opciones están encima de la mesa, al igual que estos dos últimos años, pero es obvio que todo no puede seguir igual", finalizó.

La visión de las trabajadoras y trabajadores

Por su parte, el director de Príncipe Felipe, José Ramón Couto Fariña, insistió en la idea de que las trabajadoras y trabajadores están a asumir funciones "más allá de lo que es exigible" y resaltó su confianza en su labor porque "son los que mantienen los centros mínimamente organizados con toda la problemática que hay. Me sumo al reconocimiento del vicepresidente y de la diputada por su valía".

Couto destacó que son las propias trabajadoras y trabajadores los que consideran que la situación actual, a la que no se llegó a ella de manera "gratuita" ni mediante ningún  "plan premeditado", "es irresoluble" en el marco del convenio actual con la Xunta. Explicó que siempre se le indicó a la Consellería que estaba a remitir menores con perfiles no idóneos: se enviaron hasta 13 informes desde el mes de abril, algunos de ellos incluso a la Fiscalía, incluso con actas de evaluación en el que las comisiones de Príncipe Felipe solicitaban el cambio de recurso de algún menor, no basándose sólo en los problemas de conducta, sino de su seguridad para sí mismo y para los demás menores.

"Pensamos en las y en los trabajadores y en las niñas y niños, evidentemente, por eso se mandaron los informes a instancias de las propias trabajadoras y trabajadores, que nos ponían de manifiesto que con ese tipo de menores era imposible trabajar", insistió Couto, quien destacó que la situación se agravó en los tres últimos meses, cuando el personal veía que desatendía al 95 % de las chicas y chicos del centro para atender a los problemas generados por el 5 %.

En concreto, Couto destacó que la continuidad de determinados menores de la Unidad de Primera Atención (UPA) "de manera indebida" ahondó en la sensación de las y de los trabajadores de que no podían desempeñar su trabajo. "Mantener las chichas y chicos allí consiguió que se retroalimentara la situación y se fueran formando grupos. Esos grupos trajeron un clima irrespirable, algo insoportable, una situación que no se podía mantener por más tiempo", indicó.

Esta sensación de inseguridad fue recogida "día sí y día también" por parte de las y de los  trabajadores en los informes remitidos a la Xunta, por lo que, según Couto, queda claro que no hay falta de diálogo por parte de la Diputación. "Lo que ocurre es que para dialogar hay que saber sobre qué y en concreto nosotros sabemos sobre que dialogar. Si la otra parte considera que ese no es el diálogo… De mala manera podremos enfrentar la situación", enfatizó.

Para finalizar, el director del centro hizo una llamada a la sensatez, ya que la Diputación mantiene abiertas opciones para solucionar el conflicto y destacó que por respeto a las y a los trabajadores y a los demás menores, "nos interesamos para que la sensación de inseguridad y violencia que se vivió en estos últimos tiempos, y sobre todo en los últimos quince días, se acabe de una vez por todas, porque por ese camino no vamos más que a otras consecuencias bastante más graves".