La Diputación de Pontevedra se suma a la demanda del SATSE de regular por ley el ratio mínimo del personal enfermero "para garantizar la seguridad de las y los pacientes"
Carmela Silva firmó a ILP "La sanidad que merecemos. Ley de ratios" y anunció el traslado al Congreso de los Diputados del apoyo de la Corporación Provincial
La Diputación de Pontevedra trasladará al Congreso de los Diputados el apoyo de la corporación a la Iniciativa Legislativa Popular "La sanidad que merecemos. Ley de Ratios", del sindicato SATSE de Galicia, la cual fue detallada en el Pleno de la institución por la Secretaria General, Carmen García Rivas. La presidenta provincial, Carmela Silva, firmó la petición para su debate en el Congreso y defendió "mejores ratios de enfermeras y enfermeros para garantizar la seguridad de las y de los pacientes en centros sanitarios y otros ámbitos".
Carmen García Rivas explicó ante la corporación "que los ratios por paciente no llegan a los mínimos exigidos según los estudios hechos sobre las plantillas del personal enfermero de los centros, por lo que estamos poniendo en riesgo la seguridad de las y de los pacientes y por eso debemos igualar el ratio con la media europea, que se sitúa en 8,8 enfermeras y enfermeros por cada 1.000 habitantes mientras que en España es de 5,3 y en Galicia de 4,3". Tras su intervención, Carmela Silva, en nombre de toda la Corporación, agradeció a Carmen García Rivas "por venir a este Pleno a expresar vuestras reclamaciones" e hizo un reconocimiento al personal enfermero, "que realiza una labor fundamental en el servicio sanitario".
Las demandas del sindicato SATSE intentan poner solución a las evidencias existentes de que la dotación insuficiente de personal de enfermería pone en riesgo la seguridad de las y de los pacientes, y del personal profesional, aumentando la mortalidad y la morbilidad, provocando en consecuencia un mayor coste para el sistema sanitario en forma de reingresos o estancias anchas. Así, una mayor dotación de recursos humanos supondrá el cumplimiento de los niveles de calidad requeridos para garantizar la protección a la salud que consagra el artículo 43 de la Constitución Española.
